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Lunes 20 de Noviembre de 2017
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Economia
Tomada intenta mostrar el rol conciliador del Ministerio de Trabajo en 3 complejos conflictos
Con diferentes complejidades en cada uno, el Ministerio de Trabajo se enfrenta a tres conflictos en los que pretende demostrar que puede cumplir un papel conciliador. Por un lado, los camioneros de Hugo Moyano habrían cerrado un principio de acuerdo que permitirá extender la conciliación obligatoria hasta el lunes evitando nuevas medidas de fuerza en el conflicto que mantienen con Siderar del Grupo Techint. El segundo diferendo es el que viene de Neuquén a raíz del cierre de una planta embotelladora de Coca Cola que amenaza con paralizar todas las plantas del país. Y el último es el ya extendido conflicto que mantienen los trabajadores de Paraná Metal con la empresa, del empresario K Cristóbal López, por el cual mantienen cortada la autopista Buenos Aires-Rosario. Ninguno de los tres son conflictos menores ya que afectan áreas importantes de la economía.

Noticia
El Gobierno cerró anoche una tregua entre el sindicato de camioneros y Siderar, extendiendo la conciliación obligatoria que venció hoy a las 13 por 5 días hábiles más, hasta el próximo lunes 20 a la una de la tarde. En este lapso, el Ministerio de Trabajo intentará llegar a un acuerdo que involucre a las empresas transportistas en la negociación, para que éstas garanticen el cumplimiento de los aportes previsionales de los casi 1.000 choferes en conflicto.

Las 80 compañías involucradas deberían comprometerse a inscribirse en un plan de pagos para cubrir los casi $ 3,6 millones que adeudan de aportes y cumplir hacia el futuro en tiempo y forma con los pagos previsionales mensuales, incluyendo el dinero para la obra social de camioneros. A cambio, el Grupo Techint debería ejercer el rol de «testigo y facilitador» en el acuerdo.

La propuesta fue elevada ayer por la mañana por Carlos Tomada a las partes en conflicto. El ministro habló personalmente con Hugo Moyano, indicándole que lo fundamental era garantizar la situación laboral de los choferes y el cumplimiento mensual de los aportes. El camionero aceptó finalmente incorporar a las negociaciones a las 80 empresas transportistas, algo que no había avalado hasta el viernes.

La idea oficial es garantizarle a Moyano su principal reclamo (especialmente los aportes a su obra social), pero sin obligar a Siderar a ser el fiscalizador y aportante solidario de los pagos de sus compañías tercerizadas. Hasta ayer Moyano prometía estudiar y negociar el caso, advirtiendo que de una nueva revuelta podrá ocurrir en el caso de que alguna de estas transportistas se atrase en los pagos.

Las discusiones por un acuerdo continuarán así en los próximos cinco días, en la cartera laboral. La noticia de los pequeños avances llenó ayer de optimismo al oficialismo, que tomó luego el caso como una muestra de la posibilidad de solucionar conflictos laborales vía la negociación. De paso, el Gobierno quiere mostrar que es capaz de contener a Moyano y sentarlo a discutir un acuerdo reduciendo sus reclamos radicales.

La situación no había comenzado bien ayer por la mañana. Las partes, antes de las novedades de Trabajo, habían cruzado acusaciones mediáticas varias. El primero en hablar fue el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, hijo del titular de la CGT. Moyano Jr. había asegurado que de estallar nuevamente el conflicto desde este mediodía, los camioneros buscarían extender el reclamo a otros sindicatos vinculados con el Grupo Techint, comenzando por la Unión Obrera Metalúrgica (de buena relación con los Rocca), y la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA). Moyano opinaba ayer temprano que «hemos acatado la conciliación obligatoria por 20 días. Hemos agotado todas las instancias para tratar de llegar a un arreglo definitivo por los reclamos que venimos realizando». Sostuvo además que se trata de «un reclamo legítimo, ya que la empresa Techint contrata en forma irregular casi al 80% de las empresas de transporte».

Luego habló el director general de Ternium-Siderar, Martín Berardi, que calificó de «extorsivos» a los bloqueos de los Moyano. Además se quejó por el apoyo oficial que, a su criterio, obtuvo el gremio por esa medida. «Esta situación de falta de legalidad, de atropello y de extorsión afecta el clima de negocios, ha postergado alguna inversión y estamos perdiendo posibilidades de empleo», advirtió el empresario. Berardi expresó que «no se puede permitir este tipo de atropellos, porque espantan la inversión, que es lo que el país necesita».

Conflicto con Coca en Neuquén

El otro conflicto en el que el Ministerio de Trabajo tiene la mirada puesta es el que surgió en Neuquén. La Federación Trabajadores de Aguas, Gaseosas y Afines (Fataga) advirtió que de no haber un acuerdo con los empleados de Embotelladora Polar S.A, paralizarán las plantas de Coca Cola de todo el país, y dio un plazo de 48 horas para que se solucione el conflicto.

Con esta determinación, Fataga se encolumna detrás de Camioneros y de la CGT a la hora de presionar para exigir la reincorporación de 143 empleados despedidos de la planta de Neuquén.

"No va a haber una sola botella para abastecer el mercado, no va a haber ni una sola lata de Coca Cola. Todo el país estará parado", advirtió el secretario general del sindicato, Raúl Álvarez.

El gremialista comentó que desde el sábado a la noche Fataga ya tenía decidido llevar adelante esa medida si no había solución.

Los empleados aguardan ese día, porque marcará la finalización del plazo estipulado por el Ministerio de Trabajo mediante la conciliación obligatoria que dictó y que obliga a la empresa Polar a reactivar la planta cerrada y restituir a sus puestos a todos los obreros despedidos.

De todas maneras, este miércoles es una fecha que tiene directa relación con el paro nacional que convocó la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) como otra manera de presionar para conseguir un acuerdo.

"Si no hay solución y no se empieza a producir antes del martes a las 24:00, el paro va a ser generalizado, todas las plantas del país de Coca Cola, aguas, sodas y cervezas van a dejar de producir. Todo el país estará parado, y ya tenemos el compromiso y acompañamiento de Hugo Moyano de parar todo mediante la distribución", remarcó en declaraciones que reproduce el sitio on line de La Mañana de Neuquén.

Álvarez aseguró que la planta "debe volver a funcionar" y antes de emprender el regreso a Buenos Aires advirtió que se profundice el conflicto Fataga enviará trabajadores de todo el país "para acompañar la lucha".

El conflicto se inició la semana pasada, luego de que la empresa chilena "Embotelladora Polar" S.A anunciara el cierre de la planta en esa provincia sureña y como consecuencia 143 empleados fueron despedidos.

Esta decisión provocó el enojo de los trabajadores de Coca Cola de la distintas sucursales del país y en varios casos decidieron iniciar un paro de actividades, como ocurrió en Bahía Blanca, Trelew, Chacabuco y General Pico (La Pampa).

Continúa el corte de los trabajadores de Paraná Metal

El conflicto que parece más complicado, es no casualmente el que tiene injerencia el empresario K Cristóbal López, dueño de la empresa Paraná Metal, cuyos trabajadores continúan bloqueando la autopista Buenos Aires-Rosario. Los representantes gremiales mantuvieron una reunión informal en el Ministerio de Trabajo, sin la presencia de la representación empresaria ni del ministro Carlos Tomada. Las negociaciones están trabadas en torno de la situación salarial de los obreros de la firma.

La asamblea de los trabajadores cuestionó parcialmente la oferta realizada por los empresarios el jueves pasado que contemplaba la participación del Estado para garantizar los niveles de empleo y realizó una contrapropuesta que hizo llegar a la cartera laboral. Hoy se reúne el Secretariado Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica para analizar el conflicto de la firma.

Mientras las partes terminan de definir fundamentalmente las cuestiones vinculadas con el pago de los salarios caídos, el bloqueo de la autopista, debajo del puente en el kilómetro 246, sigue con la misma modalidad de los días anteriores: con guardias rotativas de 50 operarios de la autopartista radicada en la ciudad santafesina de Villa Constitución. En tanto, en las colectoras y las rutas de la zona, el flujo de tránsito se corta cada media hora y luego se libera otros 30 minutos. En las últimas horas de la tarde, por razones de seguridad, el único corte que se mantiene es el de la autopista.

Los empresarios de la autopartista, encabezados por Cristóbal López, realizaron una oferta para que continúen 360 operarios cobrando el sueldo normal y otros 600 contarían con un subsidio estatal de 1850 pesos, más el salario familiar y la obra social, durante un año. La contrapropuesta de los trabajadores reclama que los operarios suspendidos perciban el 50 por ciento del salario, una cifra que llegaría a los 2600 pesos y exigen la efectivización de las dos quincenas adeudadas.

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