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Sabado 21 de Julio de 2018
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Economia
Estrategia K: para intentar contrarrestar el 82% móvil se adelantaría el anuncio del aumento a las jubilaciones mínimas
Si bien Aníbal Fernández ya adelantó que podría haber veto presidencial en caso de que se apruebe alguno de los dos proyectos opositores para alcanzar el 82% móvil en las jubilaciones, el Gobierno aún no jugó sus últimas cartas para intentar evitar su aprobación. En el intento de convencer senadores, una de las iniciativas que más puede jugar es apurar el anuncio de un nuevo aumento a los jubilados, que el oficialismo tenía pensado para septiembre. La intención del kirchnerismo es demostrar que la evolución de los aumentos a los jubilados llegaría a números similares que con la ley que se pretende aprobar, y desarticular los argumentos opositores.

Noticia
El jefe de Gabinete Aníbal Fernández no descartó que, si la oposición logra sancionar la reforma jubilatoria, se aplique un veto presidencial.  "Entre mentiroso y antipático, prefiero ser antipático", consideró el funcionario nacional. De todos modos, aclaró que "no" prevé que los bloques antikirchneristas consigan la mayoría necesaria para que la medida tenga aval parlamentario y se mostró confiado en que "va a primar la racionalidad".

Pero para que esto suceda, el Gobierno sabe que tiene que tomar la iniciativa. Por eso es que acelerará el anuncio del aumento de las jubilaciones mínimas que se aplicará desde setiembre, llevando el monto que cobrarán aproximadamente el 75% de los beneficiarios de los 895 pesos actuales a cerca de 1.000 pesos. Para marzo de 2011, la idea del Gobierno es volver a incrementar el monto hasta por encima de los 1.200 pesos y llevarlo para setiembre de ese año más cerca de los 1.300 pesos. La mejora alcanzaría a casi 4 millones de jubilados, a las que se sumarían además los aproximadamente 900.000 beneficiarios que ingresan dentro del esquema de pagos de pensiones no contributivas.

Con este anuncio, el Gobierno quiere contrarrestar los avances de los dos proyectos opositores de suba de las jubilaciones hasta alcanzar el 82% móvil, y que en los próximos días podría tener definición dentro de la Comisión de Presupuesto del Senado, donde, en teoría, el 14 de julio debería tratarse el tema.

El Gobierno aspira a que la oposición no consiga los votos suficientes para que el incremento llegue luego al recinto. Para esto comenzará una nueva embestida particular sobre diferentes legisladores para frenar la iniciativa, con la esperanza de que la intención quede indefinida en esa comisión. Sin embargo, donde no hay tanto optimismo oficial es en Diputados, donde la información que llega a Olivos habla de la posibilidad de un avance de un proyecto conjunto de la oposición, a partir de conversaciones que desde la semana pasada vendrían manteniendo diputados de los bloques PRO, Coalición Cívica, socialismo y el Proyecto Sur.

Hasta este fin de semana, la distancia entre las agrupaciones radicaba en que estos últimos, que en este tema son comandados por Claudio Lozano, quieren que el proyecto que llegue al recinto incluya específicamente el origen de los fondos fiscales para garantizar el pago.

Expectativa

Desde el Gobierno se esperará a conocer el ritmo de avances en estos proyectos opositores y saber la suerte que pueden correr en ambas cámaras. Si, como se espera en Olivos, las iniciativas terminaran encalladas en las comisiones de Presupuesto del Senado y Diputados, se demorarán los anuncios de la suba de las jubilaciones mínimas. Si, por el contrario, comenzara a tomar forma la intención opositora de subir las jubilaciones, y como consecuencia se descarte un veto presidencial, el Gobierno se adelantaría a cualquier sanción final de una ley y anunciaría inmediatamente las mejoras a las jubilaciones mínimas.

La intención oficial es que se tome en cuenta que, en teoría, el alza que propone la oposición terminaría redundando en una suba en los pagos del piso de las pensiones que pasarían de los 895 pesos actuales a 1.000 pesos para setiembre.

Ese mes, el Gobierno tiene la obligación legal de anunciar la nueva suba de las jubilaciones, ya que todos los años, a partir de la reforma del régimen que reglamentó en su momento el ministro de Economía Amado Boudou en sus días de la ANSES, dos veces por año debe aplicarse una mejora en las jubilaciones siguiendo la evolución salarial medida por el INDEC.

Si bien hasta la semana pasada no había una definición sobre el monto que debería cobrar un trabajador pasivo en sus retribuciones mínimas, la evolución en el Congreso de los proyectos opositores hicieron que cambiara el eje del análisis: en lugar de la evolución de los salarios se tomará el dato sobre a dónde se irían las jubilaciones si se aprobara el 82% móvil. Como ese monto serían aproximadamente 1.350 pesos mensuales para el 75% de los pasivos, la intención oficial ahora es mostrar un plan de evolución de los pagos que llegue a setiembre de 2001 con el monto del 82% que propone la oposición garantizado, pero sin la aplicación de esa ley.

Según los analistas fiscales oficiales, entre setiembre de este año y el mismo mes de 2011, podría garantizarse el financiamiento de los más de $ 16.000 millones de pesos que costaría la medida.

Garantía

La propia evolución de los ingresos de los aportes previsionales (que en el futuro incluirán el porcentual que se aplica a partir de las subas salariales fruto de las paritarias cerradas en el primer semestre del año), más un esquema de reasignación de partidas vinculadas a los pagos a la seguridad social podrían garantizar el dinero.

Desde el Gobierno advierten, además, sobre una consecuencia más que negativa que se generaría si se aprobara y reglamentara el aumento de las jubilaciones para que se garantice el pago del 82% móvil, lo que, además, justificaría el veto presidencial.

Según los analistas oficiales, el cálculo de la oposición sólo habla de las jubilaciones mínimas. Sin embargo, y siguiendo la letra del caso «Badaro», donde la Corte Suprema ordena al Ejecutivo garantizar el pago del 82% para la clase pasiva, la mejora debería alcanzar a los 5,6 millones de jubilados, lo que implicaría que el dinero necesario para poder aplicar el beneficio subiría a los $ 40.000 millones, una cifra imposible de financiar.

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