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Viernes 15 de Diciembre de 2017
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Economia
A confesión de parte…: consultoras reconocen incapacidad para medir la inflación
El llamado Grupo A, alianza deshilachada de la UCR, Coalición Cívica, Pro, Socialistas y Proyecto Sur, montó un show ayer en Diputados cuyo tiro salió por la culata. Si bien le sirvió a la diputada Margarita Stolbizer, anfitriona de la cumbre, a sus fines de pedir la interpelación al ministro Boudou por el ocultamiento de datos por parte del INDEC, lo cierto es que las consultoras privadas y otros economistas admitieron que ellos también están falseando datos.

Noticia
Si esa no es la conclusión entonces cómo deben interpretarse las palabras del economista del Barclays Eduardo Levy Yetati, quien sin pelos en la lengua dijo: “Las consultoras no dan la certeza que antes daba el Indec. Obviamente tienen un déficit de cobertura. Es más, los institutos de estadísticas provinciales son más seguros que las consultoras”. Agregó que las mediciones parten de datos de terceros o utilizan indicadores de diferentes organismos, como la AFIP o el Banco Central. Es decir, datos viciados.

El economista del Barclays ejemplificó que si el año pasado los privados dieron una inflación del 25 por ciento, sólo un 10 por ciento de ese total habría tenido un anclaje en la economía real, mientras que el 15 por ciento restante sería un componente especulativo o de “inflación inercial”, como también lo definió.

Lo que nació como cuestionamientos al INDEC y una defensa al trabajo eficiente de las consultoras, pasó a un simple reclamo de libertad de expresión: vale decir que aún sabiendo que los estudios privados adolecen de representatividad para elaborar el índice de inflación, igual se le debe permitir que mientan, manipulen y usen políticamente ese dato falseado.

“Me siento amedrentado”, se quejó el ex funcionario radical Miguel KIguel, titular de EconViews, quien contó que cuando Guillermo Moreno les preguntó qué metodología usan para medir la inflación, “nosotros le respondimos que no hacemos encuestas sino simplemente estimaciones de precios y proyecciones, como hacen todos los economistas del mundo”.

Ante semejante confesión, nadie se animó a cuestionar a los invitados. La reunión no tuvo el formato de preguntas y respuestas sino más bien fue un aquelarre al estilo universitario.

La conclusión de la audiencia es la siguiente: los estudios privados tienen el derecho a difundir las barbaridades que quieran en nombre de la libertad de expresión, sin tener presente que se viola la Ley de Lealtad Comercial.

La diputada Alonso (PRO) afirmó que “existe una violación de los derechos humanos por parte del Estado”. Pero inmediatamente avaló la posibilidad de que “los privados” puedan “mentir o caer en un error” en nombre de la democracia.

El radical Ricardo Gil Lavedra dijo que “acá hay un acto de censura estatal o se está empujando a la autocensura. A nivel internacional se tolera, incluso, la posibilidad de mentir en nombre del interés público, antes que caer en la autocensura”.

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