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Lunes 17 de Diciembre de 2018
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Politica
Las empresas de medicina prepaga preparan estrategia judicial: aprovechan el retraso en tratamiento de ley
La iniciativa tenía que ser analizada anteayer en la Comisión de Salud, presidida por Antonio Morante (FpV-Chaco), pero a última hora del lunes fue suspendida. De todas maneras, en la sesión de ayer, el bloque del oficialismo solicitó la preferencia para avanzar con el proyecto, con o sin dictamen, en la próxima sesión. El proyecto para regular a las empresas de medicina prepaga está en el Parlamento desde 2006, y esta nueva postergación, permite que las compañías involucradas sigan profundizando su estrategia judicial para evitar que la ley se aplique en caso de aprobarse.

Noticia
“Hoy quisimos tratar el proyecto sobre tablas pero la oposición no quiso. Nuestra voluntad es aprobar la media sanción tal cual llegó del Senado”, manifestó ayer Agustín Rossi en relación al proyecto que busca regular a las empresas de medicina prepaga (EMP). La iniciativa tenía que ser analizada anteayer en la Comisión de Salud, presidida por Antonio Morante (FpV-Chaco), pero a última hora del lunes fue suspendida. El diputado del bloque oficialista quiere ser intendente de la localidad de Sáenz Peña, por lo que se quedó en su provincia para continuar con su campaña. Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el radical Agustín Portella, también aprovechó la circunstancia y abogó para que se levantara la reunión de comisión, con la excusa de que su bloque necesitaba una semana más para estudiar el tema. De todas maneras, en la sesión de ayer, el bloque del oficialismo solicitó la preferencia para avanzar con el proyecto, con o sin dictamen, en la próxima sesión.

El proyecto para regular a las empresas de medicina prepaga está en el Parlamento desde 2006, fue replicado en 2008 y tuvo una primera sanción por unanimidad de Diputados en 2009. El año pasado, el Senado introdujo una serie de modificaciones y el texto volvió a la Cámara de origen. De no aprobarse este año, perderá estado parlamentario y el Ejecutivo deberá aguardar un año para insistir con la medida.

“Después de tanto tiempo, no hay nada más que discutir. Todos dicen que están a favor, pero nadie hace nada para que salga. La voluntad política se demuestra con quórum y votando. Cuando hay intención de sacar algo, los diputados tienen que ir a las comisiones. No me consta que alguien haya dado la orden de no ir. Lo que me consta es que se cayó la reunión”, manifestó Roberto Zorzoli, ex asesor de Patricia Vaca Narvaja en la redacción original del proyecto. La iniciativa también tiene que pasar por la Comisión de Legislación General, a cargo de Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), la cual todavía no fue convocada.

El proyecto para regular a las EMP sufrió el lobby de las compañías del sector desde el primer día. “Vamos a ir a la quiebra”, fue el mensaje que dieron. Si bien el texto original había sido votado por unanimidad en Diputados, cuando llegó a la Cámara alta se realizaron varios cambios, que retrasaron el trámite. Uno de ellos tuvo que ver con la obligación de mantener reservas técnicas (el 50 por ciento de su capital en instrumentos financieros) con el objetivo de resguardar las prestaciones ante cualquier insolvencia de las compañías. Ese artículo fue eliminado a pedido de las empresas.

Otro cambio de consideración estuvo relacionado con el alcance de la ley. Su artículo 1º fijaba como objeto regular a las empresas de medicina prepaga y los planes de adhesión voluntaria y planes superadores, contemplados por las leyes 23.660 (obras sociales) y 23.661 (seguros de salud). Sin embargo, a pedido de las compañías, la oposición y el propio ministro de Salud, Juan Manzur, se dejó sólo a las prepagas. Las obras sociales sindicales quedaron fuera de la regulación. Ayer, Manzur reclamó en una conferencia de prensa un rápido tratamiento de la iniciativa.

Esta nueva dilación en el análisis de la normativa les “regaló” a las empresas del sector tres semanas más para continuar con su estrategia judicial. Fuentes del sector ya anticiparon que recurrirán a la Justicia –si es que se aprueba finalmente el proyecto– con el argumento de que el texto en cuestión “no respeta la igualdad ante la ley”, al considerar que habría un trato diferencial para las obras sociales y cooperativas, en detrimento de las compañías privadas.

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