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Lunes 20 de Noviembre de 2017
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Politica
La justicia sobreseyó a ex funcionarios del disuelto COMFER
El ex interventor del disuelto Comité Federal de Radiodifusión (ex COMFER), José Aiello, fue sobreseído en primera y segunda instancia judicial a raíz de una denuncia penal presentada por la Oficina Anticorrupción durante el efímero gobierno de Fernando De la Rúa por una supuesta administración fraudulenta de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, en la que se acusó a este y otros dos ex funcionarios de haber perjudicado al fisco por alrededor de 200 millones de pesos en el otorgamiento de exenciones tributarias a empresas periodísticas

Noticia
El ex Director de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, en 2001, presentó la denuncia a instancias del ex secretario general de la presidencia, Jorge De la Rúa, hermano del ex jefe de Estado, y el ex interventor del disuelto COMFER de aquel gobierno, Gustavo López (actualmente subsecretario general de la presidencia), quienes denunciaron a Aiello –y además a los ex interventores, León Guinsburg y Ana Lucía Tezón, entre 1993 y 1998) de presunto perjuicio contra el fisco por 200 millones de pesos.

El juez Federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa, estableció que “la promoción de la radiodifusión es competencia del Poder Ejecutivo Nacional, el que, a través de la autoridad de aplicación –COMFER- fija las respectivas políticas de Estado, con la finalidad de atender a los objetivos generales establecidos en la mencionada ley” y agregó que “en ese marco jurídico el otorgamiento de las exenciones, más allá de su acierto o desacierto, constituye un acto de política institucional, decretado por la intervención de COMFER, que no puede ser cuestionado, al menos, en su legitimidad de origen”.

Basó su pronunciamiento en la abundante prueba producida y agregada al expte., y muy especialmente el peritaje llevado a cabo por la Perito Oficial, la Dra. Isabel Panzer quien expresamente manifestó: “… En lo referido a dar respuesta a la existencia o no de perjuicio al erario público, debe señalarse que el artículo 79 establece que el Comité Federal de Radiodifusión administrará los fondos provenientes del gravamen y los destinará a cubrir sus gastos de instalación, funcionamiento y mantenimiento, como así también al sostenimiento y desarrollo del Servicio Oficial de Radiodifusión”.

Asimismo, sostuvieron “… De ello se desprende que este gravamen no fue creado para ser destinado a rentas generales sino que tiene una asignación específica administrada como se ha dicho por el COMFER.”, refiriendo al momento de la conclusión “… En tanto que las exenciones tendrían una afectación directa en la actividad de radiodifusión - previa aprobación por la autoridad de aplicación - destino que esta debe asegurar, no se observa afectación del erario público….”.

Prosigue su análisis indicando que a modo estadístico cabe destacarse que, durante la gestión de los aquí imputados, al margen de la recaudación por gravamen a la radiodifusión, hubo superávit en cuanto a la recaudación de dinero en concepto de infracciones a la normativa vigente en lo concerniente a la radiodifusión. Se recaudó la suma de ciento ochenta y cinco millones de pesos ($185.000.000), incluidos los mismos en el decreto 1201/98 en concepto de multas aplicadas entre el 20 de agosto de 1997 y el 30 de abril de 1999.

Los mismos fueron transferidos a TELAM. De allí, surge asimismo que el remanente sería aplicado para las futuras órdenes de difusión de las campañas publicitarias que emanaran de la citada agencia, quedando demostrado con ello que, durante el período 1997 a 1999, el COMFER logró la máxima recaudación desde su creación en el año 1981(Gestión Aiello).

Y continúa diciendo, que por último, habré de destacar, que tanto Tezón como Aiello, se encuentran con falta de mérito, desde el 18 de julio de 2006, la cual fuera dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del fuero al momento de revocar el procesamiento dictado por el entonces titular de esta Judicatura, Dr. Montenegro.
Por todo lo expuesto resolvió DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO de ANA LUCÍA TEZÓN y de JOSÉ CARMELO AIELLO, de las demás condiciones personales obrante en autos, en orden a los hechos por los cuales fueran indagados.

Ante la apelación de los denunciantes, la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzún Horacio Rolando Cattani y Eduardo G. Farah, establecieron en la ratificación del sobreseimiento que los imputados “actuaron dentro del ámbito de sus facultades, cumpliendo previamente los procedimientos de consultas previos, determinados por el ordenamiento normativo vigente, quedando descartada la comisión respecto de los hechos imputados a los incursos”.

Los camaristas en el fallo señalaron además que “a pesar del tiempo transcurrido no ha sido posible corroborar, ni siquiera con el grado de probabilidad requerido por la ley procedimental para esta etapa del proceso, la hipótesis inicial atribuida a los aquí imputados, entendemos que corresponde confirmar” el fallo en primera instancia que estableció el sobreseimiento a los ex funcionarios.

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