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Lunes 22 de Octubre de 2018
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Politica
Crímenes de Lesa Humanidad: Un imputado interrogará a las víctimas del genocidio
El Tribunal Oral Criminal 1 de La Plata que juzga a 26 represores que actuaron en el Circuito Camps hizo lugar por mayoría a un pedido del imputado civil, el ex ministro de Gobierno de la Provincia, Jaime Lamont Smart, de ejercer personalmente su defensa en las audiencias. El sentido común nos lleva rápidamente a pensar lo terrible de esta situación. Un imputado en crímenes de lesa humanidad, podrá con total desparpajo, interrogar a las víctimas que lo imputan

Noticia
El Tribunal Oral Criminal 1 de La Plata que juzga desde ayer a 26 represores que actuaron en el Circuito Camps hizo lugar por mayoría a un pedido del imputado civil, el ex ministro de Gobierno de la Provincia, Jaime Lamont Smart, de ejercer personalmente su defensa en las audiencias.

La querella y el fiscal Hernán Schapiro habían rechazado esa posibilidad, pero dos de jueces, Mario Portela y Roberto Falcone, resolvieron que Smart puede ejercer ese derecho. En tanto, el presidente del Tribunal, Carlos Rozanski, votó en contra al considerar que "la sola designación resulta en sí misma una afectación de las víctimas".

El tribunal fundamentó su decisión en que el Código Procesal Penal, la Constitución y diversos tratados internacionales a los que Argentina adhiere permiten la autodefensa.

En la audiencia, el fiscal Hernán Schapiro se había pronunciado en contra de esa posibilidad al afirmar que "si el Código Procesal Penal autoriza al imputado ejercer su propia defensa, aclaro que esto es siempre y cuando ello no obste a la normal sustanciación del proceso". "Creemos que la posibilidad de que un imputado como Smart interrogue a los testigos personalmente, es uno de los supuestos que debería considerarse como una obstrucción a la continuidad del proceso", agregó.

La querella, nucleados en Justicia Ya, volvieron a solicitar que el ex Ministro de Gobierno (uno de los genocidas acusados) el Dr. Jaime Smart, no interrogue a los testigos del juicio "por la situación que provoca revivir experiencias traumáticas y momentos de alta vulnerabilidad", recibiendo preguntas directamente de uno de sus presuntos culpables.

¿Quién es Smart?

Jaime Lamont Smart es el primer funcionario civil de la última dictadura militar en ser juzgado por delitos de lesa humanidad, aunque no el único detenido ni el único imputado en las causas vinculadas con la violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983.

Ex juez del llamado "Camarón" (La Cámara Federal en lo Penal Especial de la Nación) creado en 1971, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse; ex  ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires; y ex defensor de Albano Harguindeguy, Smart está acusado en al menos dos causas relacionadas con el denominado "Circuito Camps" o "Grupo La Plata" de la dictadura: el secuestro de Jacobo Timermann, padre del actual canciller, y el de un abogado de Derechos Humanos, Rodolfo Gutiérrez, secuestrado en su estudio de la ciudad de San Martín, en febrero de 1978,  continúa  desaparecido.

Desde el 2008, tiene además el "privilegio" de ser el primer funcionario civil de la dictadura en quedar preso en las cárceles de la democracia. Dos años más tarde, lo secundó  Martínez de Hoz.

Smart reportaba en esa época a la estrella de la estructura jurídica del Proceso, el abogado nacionalista católico Alberto Rodríguez Varela, segundo ex ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla y, en democracia, uno de sus más activos defensores durante los numerosos juicios que tuvo el dictador.

En la causa que investiga la desaparición del abogado, el ex juez del Departamento Judicial de San Isidro durante la dictadura Juan Carlos Dillón está denunciado por haber emitido "falsas órdenes de captura del abogado" tras haberlo imputado de favorecer la evasión de tres detenidos.

Dillón tomó esa medida al responder a los "habeas corpus" que se habían presentado a favor del abogado. En la causa, también está procesado Smart. Un policía denunció durante una audiencia que los captores de Gutiérrez "cumplían órdenes de Smart y Dillon".

Smart fue el abogado defensor del general Albano Harguindeguy hasta que debió responder por su propia actuación durante la dictadura. Fue procesado con prisión preventiva, ratificada por la Corte Suprema actual, como partícipe necesario en el delito de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos.

A partir de este juicio, tendrá que responde por su actuación bajos las órdenes de Ibérico Saint Jean y de Ramón Camps.

Durante 1976, el ex magistrado y actual imputado no se privó de hacer declaraciones a la prensa:
La Nación, 12 de diciembre de 1976. Desenmascarar a quienes armaron la subversión. La Plata (NA). “Tenemos el deber de desenmascarar a quienes armaron a los delincuentes subversivos, porque si no corremos el riesgo de que dentro de unos años vuelvan de las sombras.”

El ministro de Gobierno había hablado por LS11 Radio Provincia de Buenos Aires. Con entusiasmo, se había referido al reequipamiento de la policía bonaerense, “manifestó que en los últimos ocho meses se invirtieron más de 1500 millones de pesos, y que se aumentó el plantel de la dependencia en 30.000 hombres”. “En el Ministerio de Gobierno (seguía el doctor Smart) hemos tenido siempre presente la necesidad de volcar todos los recursos en la lucha contra la subversión. Lo cierto es que esa subversión no es la subversión meramente armada.

Muchas veces se equivocan los términos cuando se limita exclusivamente el de subversión al combatiente que es abatido por las fuerzas del orden. En la subversión debemos incluir a quienes armaron a esos combatientes, pues si nos ponemos a analizar creo que son más responsables que los mismos combatientes.” Esos responsables son los “profesores de todos los niveles de la enseñanza”.

En una escuela de Coronel Pringles se secuestró un libro que llevaba por título Educación y liberación. “El gobierno de la provincia conoce perfectamente que la subversión es ideológica y se desenmascaran estos casos (...) Ahora, ellos, que en su momento los armaron, han dado un paso atrás tratando de pasar desapercibidos. Una de las mayores preocupaciones es cuidar que en el ámbito de la cultura no se infiltren nuevamente, o por lo menos que no tengan como en otra época la posibilidad de accionar fácilmente y llevar a la subversión armada a tantos jóvenes universitarios y secundarios que, día a día, caen en distintos enfrentamientos.” Smart define como “subversivo” al combatiente “que es abatido por las fuerzas del orden”. Y a las víctimas de la subversión ideológica como “jóvenes universitarios y secundarios que, día a día, caen en distintos enfrentamientos”.

Cuando el doctor Smart fue procesado recibió la adhesión de la Asociación de Abogados Penalistas de Buenos Aires y de la Corporación de Abogados Católicos.

El juicio
Los imputados que se sentarán en el banquillo de los acusados son Ibérico SAINT JEAN (ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires) y su ministro de gobierno Jaime SMART, Miguel Osvaldo ETCHECOLATZ, el médico Jorge Antonio BERGES, Norberto COZZANI, Rodolfo Aníbal CAMPOS, Domingo ALMEIDA, Hugo Alberto GUALLAMA, Luis Vicente PATRAULT, Carlos GARCIA, Horacio Elizardo LUJAN, Alejandro Agustín ARIAS DUVAL, Eros Amílcar TARELA, Roberto Antonio CABRERA, Sergio Arturo VERDURI, Rubén Oscar PAEZ, Miguel KEARNEY, Fernando SVEDAS, Bernabé Jesús CORRALES, Pedro FERRIOLE, Raúl Orlando MACHUCA, Julio César ARGUELLO, Mario SITA, Roberto GRILLO, Daniel LENCINAS y Santiago ANTONINI.

No se enjuicia el circuito Camps en su totalidad, y menos aún la logística implementada.  Estamos ante un juicio que es una sumatoria de casos, que no es lo mismo que un circuito. El tribunal no imputó a todos los represores presentados por la querella y tampoco fueron tomadas todas las víctimas. Pero así y todo, los testigos siguen relatando el mismo horror una y 100 veces, ante cada juicio. Seguramente Etchecolatz (mano derecha de Camps) acumulara otra perpetua, pero no se sigue investigando mas allá de las caras conocidas de las cadenas de mando.

Lo impresentable de la última jornada de las audiencias de esta semana, fue que  el mismo genocida que está siendo procesado, o sea, aquel que fue partícipe necesario para que funcionen 29 Centros Clandestinos de Detención en la Provincia de Buenos Aires, es quien va a interrogar a las víctimas que lo imputan.

El victimario sigue haciendo uso del poder sobre la víctima. El poder judicial no logra impartir justicia y habilita a que el represor no se siente en el banquillo de los acusados, sino que deambule como un defensor del golpe de Estado, en pleno proceso judicial.

Fuente: Diario Hoy, Página 12 y Diario El día

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