El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a su principal colaborador, Pablo Toviggino, y al resto de la cúpula dirigencial de la entidad por la presunta retención indebida de tributos por un monto cercano a los 19.000 millones de pesos.
La acusación se originó, según detalló La Nación, a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, Secretaría N° 10, y quedó formalmente incorporada al expediente por una presunta infracción al Régimen Penal Tributario, establecido en la Ley 27.430.
Según el dictamen fiscal, si bien la denuncia inicial apuntaba a Tapia como “responsable de las maniobras descriptas” en su carácter de presidente de la AFA y administrador de la clave fiscal de la entidad, la estructura institucional obliga a extender la investigación a los demás integrantes de la comisión directiva.
En ese marco, fueron mencionados de manera expresa Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino —tesorero de la AFA— y Gustavo Roberto Lorenzo.
Tanto en la denuncia original como en su ampliación, se acusa a la AFA de haber retenido tributos y contribuciones a la Seguridad Social que no habrían sido depositados dentro de los plazos legales. De acuerdo con la presentación de ARCA, la entidad habría actuado como agente de retención, descontando impuestos y cargas sociales a terceros, y se habría financiado con esos fondos.
La conducta investigada encuadra, según el fiscal, en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y aportes previsionales, y ahora deberá ser analizada en el marco del proceso judicial en curso.
La Mansión
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó las primeras medidas de prueba para establecer si hubo lavado de dinero en la compra de una lujosa propiedad en Pilar, adquirida por personas sin capacidad económica y vinculadas al tesorero de la AFA. El nombre de Pablo Toviggino aparece en el expediente a partir de los vínculos de los involucrados con el ambiente del fútbol.
Si bien al año judicial solo le restan dos días hábiles, el juez Aguinsky se abocará a trabajar en el expediente durante el mes de enero, por lo que decidió habilitar la feria judicial de verano para continuar con la investigación sin interrupciones.
Aguinsky apunta a determinar la posible existencia al delito precedente al lavado, es decir, de dónde surgieron los fondos que permitieron la adquisición de la propiedad y otros bienes asociados, además de dilucidar si los propietarios formales del inmueble actuaron como presuntos testaferros.
Entre las medidas dispuestas, el magistrado solicitó a la Dirección General Impositiva un informe patrimonial, financiero y económico exhaustivo sobre las empresas que intervinieron en la operación.
El objetivo es reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si las sociedades involucradas contaban con respaldo económico real. El pedido del juez fue a instancia del fiscal Claudio Navas Rial.
