Albertina Mangini, una funcionaria de la Procuración General bonaerense, fue detenida en medio de una investigación por una presunta asociación ilícita que habría utilizado datos biométricos de personas para abrir cuentas en billeteras virtuales y mover grandes sumas de dinero.
Junto a ella también fueron apresados Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni. La causa está a cargo de la UFIJ N° 2 de La Plata, encabezada por la fiscal Betina Lacki, y el Juzgado de Garantías N° 6 intervino en las órdenes de detención.
La investigación sostiene que existía una estructura organizada para captar personas en situación de vulnerabilidad, obtener sus datos personales y biométricos y abrir cuentas a su nombre.
Según la hipótesis fiscal, esas cuentas luego eran utilizadas para recibir y mover dinero que estaría vinculado, al menos, con un casino online ilegal, además de otras maniobras de defraudación y lavado de activos.
Después de su arresto, que ocurrió el 13 de agosto, la defensa de Mangini cuestionó la detención y pidió que recuperara la libertad. Planteó que la funcionaria había permanecido a derecho durante los casi dos años que llevaba la investigación.
También cuestionó que no hubiera tenido acceso inmediato a la orden de detención. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata rechazó el planteo y mantuvo la medida, por lo que seguirá detenida.
La causa lleva dos años en trámite. En agosto de 2024, cuando comenzó a tomar forma la investigación, Mangini ya cumplía funciones como secretaria de la Fiscalía General Departamental en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados.
Según la acusación, esa función le habría permitido tomar contacto con personas sin recursos, que no estaban bancarizadas ni tenían cuentas en billeteras virtuales.
La investigación comenzó a reconstruir un mecanismo que, de acuerdo con la fiscalía, consistía en ofrecer dinero a estas personas en situación económica vulnerable a cambio de facilitar sus datos personales y biométricos.
Luego, esas personas eran citadas en un bar de Avenida 7 y 56, en La Plata, donde se utilizaban celulares para tomar fotografías, realizar registros faciales y completar la apertura de cuentas en distintas plataformas digitales. Después de eso, les pagaban $80.000.
Una vez abiertas, esas cuentas dejaban de estar bajo el control efectivo de sus titulares, según la reconstrucción de la fiscalía. La investigación sostiene que eran “vinculadas a otros correos electrónicos y números de teléfono” y utilizadas como “cuentas receptoras de fondos”.
En esa parte de la maniobra aparece Mauro Perrotta, a quien la fiscalía ubica como uno de los principales operadores del esquema. En los informes que fueron incorporados al expediente, pudieron vincular las cuentas abiertas a nombre de los damnificados con líneas telefónicas y direcciones de correo relacionadas con él.
Los investigadores también analizaron registros de conexiones, movimientos financieros y el impacto de antenas en la zona donde se habrían producido algunos de los encuentros.
Según la acusación, el dinero que ingresaba en esas cuentas era posteriormente distribuido y fragmentado. La fiscalía sostiene que, al menos en parte, el circuito estaba relacionado con un casino online ilegal y que el objetivo era “dificultar el seguimiento del origen y el destino de los fondos”.
En uno de los casos, dos cuentas digitales registraron movimientos por $172.242.946,68 en aproximadamente un año. La fiscalía considera que ese dato es solo una parte de la operatoria que todavía intenta reconstruir.
Además de Mangini y Perrotta, la investigación alcanzó a Ignacio Leonel Marchioni, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano.
Cada uno habría ocupado distintos lugares dentro de una estructura que permitía recibir, distribuir y fragmentar el dinero. La investigación detectó, entre otros elementos, un patrón de transferencias con montos terminados en “.12”.
Este patrón fue tomado como una “señal” para que quienes recibían esa transferencia supieran que se trataba del dinero proveniente de la maniobra ilegal.
Los informes financieros también detectaron movimientos de enorme volumen en cuentas vinculadas a Marchioni.
De acuerdo con la documentación, en una plataforma se registraron créditos por más de $13.574 millones y débitos por una cifra prácticamente idéntica, lo que representó un flujo bruto superior a los $27.000 millones. La Justicia todavía investiga el origen y el recorrido de esos fondos.
La causa siguió avanzando durante los últimos dos años y sumó información de empresas financieras, billeteras virtuales, registros telefónicos y otros elementos tecnológicos.
Mangini, mientras tanto, había presentado en agosto de 2024 un pedido de eximición de prisión. Como en ese momento todavía no existía un requerimiento fiscal para detenerla, el Juzgado de Garantías dejó planteada la cuestión para el caso de que eventualmente se solicitara su captura.
Según la defensa, durante todo ese tiempo la funcionaria permaneció a disposición de la Justicia.
Todo cambió el 7 de agosto de este año. La fiscalía pidió al Juzgado de Garantías N° 6 que ordenara las detenciones de Mangini y otros cinco imputados, además de allanamientos, registros y secuestros de elementos.
El 12 de agosto, el juez Agustín Carlos Crispo rechazó la eximición de prisión de Mangini, Perrotta y Marchioni. Ese mismo día, en una resolución separada, ordenó la detención de los tres.
La decisión no fue la misma para todos los imputados. Aunque la fiscalía había pedido la detención de Campoli Sillero, Taubenschlag y Scigliano, el juez consideró que en ese momento no había elementos suficientes para alcanzar el grado de sospecha requerido para ordenar sus capturas y rechazó el pedido respecto de ellos.
Las órdenes se ejecutaron el 13 de agosto. Mangini fue detenida en su departamento ubicado en el centro platense. Perrotta y Marchioni fueron arrestados en Mar del Plata, en distintos procedimientos dispuestos por la Justicia.
Después de la detención, la defensa de Mangini presentó un hábeas corpus y cuestionó la legalidad de la medida. Uno de los principales argumentos fue que, al momento de presentar el planteo, no había podido acceder en el expediente electrónico a la resolución que había dispuesto la captura.
También sostuvo que Mangini tenía arraigo, domicilio conocido y actividad profesional, y que había permanecido a derecho durante toda la investigación. Incluso señaló que había informado previamente a la Justicia sobre un viaje que tenía previsto realizar al exterior.
Como alternativa, propuso medidas menos restrictivas, como una caución, presentaciones periódicas o la retención del pasaporte.
El planteo llegó a la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata. Allí intervinieron los jueces María Silvia Oyhamburu, Sofía Rezzónico Bernard y Raúl Dalto.
La Cámara rechazó el hábeas corpus. Los magistrados entendieron que la detención no había sido arbitraria porque existía una orden judicial previa, dictada antes de que se concretara el procedimiento del 13 de agosto.
También hicieron una diferencia entre la inexistencia de una orden de detención y la falta de acceso inmediato de la defensa a esa resolución dentro del sistema electrónico. Según el fallo, la orden existía y estaba vigente cuando se produjo la captura.
Para mantener la medida, la Cámara también tuvo en cuenta que la investigación continúa en curso y que todavía hay diligencias pendientes. Los jueces valoraron, además, la cantidad de imputados, la división de funciones que surge de la hipótesis fiscal y el papel que se le atribuye a Mangini dentro de la maniobra.
En ese contexto, concluyeron que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación y rechazaron el pedido de la defensa. Así, la funcionaria de la Procuración General bonaerense continuará detenida mientras avanza la causa.
