Fernando D’Alessandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial 7, habilitó el concurso preventivo de Garbarino, la mayor cadena de venta de productos electrónicos y electrodomésticos del país. En su escrito, que lleva fecha del 22 de diciembre, además le prohibió a su dueño, Carlos Rosales, la salida del país.

Rosales había comprado Garbarino a mediados de 2020. En ese momento, la empresa, que le pertenecía a sus fundadores, los hermanos Daniel y Omar Garbarino, había cerrado la reestructuración de su deuda bancaria ($ 5000 millones) y, como parte de ese acuerdo, le urgía encontrar un socio que inyectara el capital de trabajo que necesitaba la compañía para recomponerse.

Rosales, titular del grupo asegurador Prof, aterrizó y su propuesta le ganó a los intereses de Inverlat, el fondo dueño de Havanna, y de Ricardo Depresbiteris, dueño de Covelia, empresa de servicios de recolección de basura de óptimas relaciones con Hugo Moyano. Rosales llegó con la bendición de Armando Cavalieri, a cuyo gremio, el de Empleados de Comercio, está afiliado más del 90% de los, en ese momento, más de 4000 colaboradores de Garbarino. El resto son operarios logísticos, encuadrados en la Federación de Camioneros, el sindicato de Moyano, enemigo histórico del “Gitano”.

El nuevo dueño asumió la cadena, que tenía más de 200 locales en todo el país, con promesas de inversiones de $ 2000 millones. Esos fondos nunca llegaron. Antes, tuvo un par de tropiezos. Sus proveedores se negaron a aceptar la misma quita (entre 65% y 75%) de los $ 7000 millones que Garbarino les debía por productos. Acordaron un 35%. El otro traspié fue el fracaso de Rosales en encontrar un nuevo socio que aportara fondos. El que más cerca estuvo fue Facundo Prado, dueño de la operadora de telecomunicaciones Supercanal Airlink. Pero esa negociación se extinguió en el invierno. En un intento desesperado, Rosales también habló de una “empresa norteamericana de comercio electrónico” (sic).

Para entonces, Garbarino ya estaba en situación crítica. Los locales cerraban, sin notificaciones a sus propios empleados, quienes acumulaban meses de sueldos sin cobrar. La empresa dejó de facturar por falta de producto -los fabricantes cortaron entregas- y porque, además, se quedó sin sistema por deudas con sus proveedores informáticos. Los juzgados comerciales de todo el país recibieron una avalancha de pedidos de quiebra contra la empresa. Los más resonantes, Aerolíneas Argentinas, el Club Atlético Boca Juniors (al que se le debían $ 25 millones por un contrato de patronicio que firmó Rosales), IRSA y Cencosud. Los dos últimos exigían el desalojo de los espacios que Garbarino y su controlada Compumundo ocupaban (ocupan) en sus shoppings.

Los dueños de los locales del interior retuvieron mercadería como forma de pago. También los empleados de algunas sucursales, ante la falta de definiciones de la empresa. Según los delegados de las sucursales, para entonces, cerca de 1000 empleados ya habían optado por renunciar por la incertidumbre. En noviembre, la empresa, con todos sus locales ya cerrados, envió 1800 telegramas de despido. Garbarino, hoy, reconoce una deuda cercana a los $ 800 millones en sueldos y superior a los $ 1500 millones en cargas sociales. A mediados de ese mes, solicitó la apertura de su concurso preventivo. El juez D’Alessandro lo habilitó ayer. Los acreedores tienen plazo hasta el 29 de abril para verificar sus créditos.

Según consta en el expediente judicial, al 10 de octubre de 2021, Garbarino acusó un estado patrimonial con activo por $ 14.216,86 millones y $ 25.422,1 millones de pasivo. La deuda con acreedores quirografiaros por compras de bienes y servicios asciende a $ 6017,66 millones. En tanto, contabiliza como “pasivos eventuales” otros $ 1373,5 millones. Hay $ 1076,34 millones en concepto de acreedores quirografarios por financiación.

Por su parte, la cadena acumula cerca de $ 5000 millones de deudas fiscales y previsionales. El grueso de su pasivo es con acreedores financieros y comerciales, tanto suyos como de sus empresas vinculadas: $ 11.500 millones.

En función de los números que presentó en el juzgado, Garbarino llegó al concurso con sólo $ 2,5 millones en caja y menos de $ 5 millones depositados en bancos. A su vez, anexó una lista con 185 deudores por ventas -es decir, gente que le debe dinero a la empresa- por un total de $ 703,2 millones. Además de esos créditos comerciales, tiene $ 2138,5 millones a su favor en créditos fiscales de organismos recaudatorios (nacionales, provinciales y municipales) de todo el país.

Entre los activos, con cuyas ventas podría empezar a cancelar deudas, precisó sus participaciones en cinco empresas: Compumundo (cuya tenencia valuó en $ 1438 millones), Digital Fueguina ($ 7627,8 millones), Tecnosur ($ 354,4 millones), Fiden ($ 174,5 millones) y Garbarino Viajes ($ 1).

También detalló las 53 marcas de su propiedad, que consolidan un valor de $ 850.000, y sus tenencias de ocho certificados de fideicomisos, por un total de $ 430,3 millones.

Al momento de entrar en concurso preventivo, Garbarino registraba en la Central de Deudores del Banco Central 3780 cheques rechazados por falta de fondos, por un total de $ 5762 millones. Al 21 de diciembre, ese monto ya se había abultado a 3818, por $ 5858 millones.

En esas mismas horas, Rosales le enviaba a la comisión directiva de San Lorenzo de Almagro su renuncia como tesorero del club. Alegó diferencias “irreconciliables” con el actual presidente de la institución, Horacio Arreseygor. Rosales ocupó ese cargo ocho meses. Antes, fue protesorero durante más de dos años, desde que Marcelo Tinelli ganó la presidencia azulgrana. El Ciclón, hoy, acumula 377 cheques rebotados, por $ 577,76 millones.

Fue, también, el primer acto público de “Charly” que se conoce desde que estalló la crisis de Garbarino. Incluso, pese a que tuvo hasta actos de protesta frente a su oficina de la calle Juncal -algunas, incluso, motorizadas por Pablo Moyano- y sufrió otras adversidades en el mundo de los negocios. También Radio Continental, que Rosales compró en enero, ingresó en dificultades financieras. Y, en octubre, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) le prohibió a su aseguradora, Prof, que siguiera emitiendo pólizas porque, al 30 de junio, había presentado un déficit de capital mínimo superior a los $ 543 millones y un déficit de cálculo de cobertura por encima de los $ 905 millones, lo que mina su capacidad de respuesta a sus clientes. En septiembre, la entidad ya había ordenado la inhibición general de bienes para que Prof no hiciera cambios en sus activos.