El nuevo salario mínimo en la Argentina será de $ 29.160 desde febrero de 2022 , una vez que se completen los siete tramos del aumento del 35% sobre el actual piso salarial de $ 21.600, tal como quedó definido ayer a partir del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, las centrales sindicales y las cámaras empresarias en el marco del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Según el esquema de escalonamiento definido en el entendimiento, que además incorporó una revisión del incremento para el mes de septiembre, desde abril el salario mínimo subirá 9%, en tanto que en mayo lo hará 4%, junio 4%, julio 3%, agosto 5%, noviembre 5% y febrero otro 5%.
La decisión beneficiará en forma directa a unos 300.000 trabajadores fuera de convenio a la par que se constituirá en la referencia principal para la actualización de los sueldos en el sector informal de la economía. Además, el nuevo piso salarial impactará en los ingresos de los beneficiarios de planes sociales ya que el denominado “salario social complementario” se actualiza automáticamente representando la mitad del salario mínimo, es decir $ 14.580.
El pacto alcanzado por el órgano tripartito supuso un respaldo importante para la línea trazada por el Gobierno en el marco de las paritarias del sector privado formal, donde hasta ahora se sellaron aumentos que van del 29% al 35%, apenas por encima de la pauta inflacionaria del 29% proyectada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el presupuesto de este año.
La suba convenida también significó un guiño oficial a la posición esgrimida desde la CGT que, si bien formalizó durante las deliberaciones un reclamo de actualización del 40%, presionaba por una actualización por encima del 30% de manera de garantizar cierta recuperación del piso salarial que había quedado retrasado en los últimos meses, ubicándose por debajo del valor de la Canasta Basica Alimentaria (CBA) que determina el nivel de indigencia, que alcanza a $ 25.685.
Con diálogo bajo formato virtual, las deliberaciones del Consejo del Salario se iniciaron hoy a las 15 presididas por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
La representación sindical estuvo conformada por referentes de la conducción de la CGT, encabezados por Héctor Daer y Carlos Acuña, y dirigentes de la CTA de los Trabajadores, que lidera Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, que dirige Ricardo Peidró. También participó Esteban Castro por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
En tanto que por el sector empresario participaron los directivos de la UIA, la Cámara de Comercio (CAC), de la Construcción (Camarco), de las asociaciones bancarias y de las entidades agropecuarias.
El encuentro, además, estuvo precedido de una ruidosa protesta de manifestantes de agrupaciones sindicales, cooperativas y partidos políticos de izquierda que se movilizaron en el microcentro porteño desde el Obelisco y hasta el Ministerio de Trabajo en reclamo de un salario mínimo de $ 60.000, equivalente al costo de la canasta básica total (CBT) para una familia tipo.
La manifestación, que se inició temprano en la Avenida 9 de Julio y Corrientes y culminó después del mediodía frente a la sede de la cartera laboral, se desarrolló bajo la consigna ‘Unidad de trabajadores ocupados y desocupados’, y además de demandar la suba del salario mínimo, reclamó por la aplicación de “mayores cuidados sanitarios, contra los cierres de empresas, los despidos y la precarización del trabajo”.
El último aumento del salario mínimo y el primero definido durante la gestión de Alberto Fernández se acordó en octubre del año pasado, en el marco de las medidas de aislamiento por la pandemia, cuando se estableció un aumento escalonado de 28% en el piso salarial. De esa forma en octubre se aplicó una mejora de 12, otro 10% se aplicó desde diciembre y el 6% restante a partir de marzo cuando el mínimo alcanzó a $ 21.600.
Previamente, durante los últimos tres años del gobierno de Mauricio Macri (2017, 2018 y 2019), la actualización del salario mínimo fue definida en forma unilateral por el Ministerio de Trabajo ante las dificultades para alcanzar un entendimiento entre representantes sindicales y empresarios.