La Justicia en lo Comercial falló de manera parcial en contra de la cadena de fast food Mostaza e hizo lugar a la demanda interpuesta por Buriel Gastronómica, uno de sus franquiciados. En su fallo, La jueza Valeria Pérez Casado ordenó la recomposición de los contratos de franquicia y del alquiler de un local ubicado en Bariloche, y un acuerdo de refinanciación con garantía hipotecaria.

En detalle, el expediente apunta contra Mostaza y Pan S.A. -la razón social de la cadena- y Liliana Rita Galdeano Alvarado, quien es abogada, hermana del fundador de la firma y socia propietaria del inmueble involucrado en la disputa, que está ubicado en la calle Mitre, de la ciudad patagónica.

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La pulseada ganada es la primera de una serie de demandas judiciales, que la cadena de comida rápida enfrenta desde 2021 debido a promesas de rentabilidad no reales y diversos incumplimientos.

El conflicto particular por el que Mostaza debe responder comenzó en 2016, cuando los franquiciados de Buriel iniciaron reuniones con el management de la empresa. En esas conversaciones, se les prometió una rentabilidad del 18% y un recupero de la inversión entre 24 y 36 meses, dependiendo del tipo de local.

Los problemas surgieron cuando Buriel eligió dos locales en Bariloche: uno en un shopping y otro a la calle, propiedad de Galdeano Alvarado. A pesar de que la franquicia se inclinó inicialmente por el local en el shopping, finalmente, se priorizó el establecimiento en la calle Mitre. Esto trajo consigo modificaciones en los plazos y en las condiciones de pago del retorno de la inversión.

El contrato para el local de la calle Mitre debía ser por 84 meses, pero en el acuerdo final, firmado el 1 de junio de 2017, la duración se redujo a 60 meses, con la posibilidad de extensión por otros 60 meses a discreción de Mostaza. Este cambio fue uno de los puntos de fricción que motivó la demanda.

Además, los franquiciantes denunciaron el incumplimiento del contrato por parte de Mostaza debido a la falta de obras en el local de la calle Mitre. Lo que inicialmente se había presupuestado como una inversión de u$s 300.000, terminó ascendiendo a u$s 1,5 millones después de 14 meses de reformas.

En el expediente, se detalló que la pandemia complicó aún más la situación financiera de Buriel. Y lo que terminó por ponerlo contra las cuerdas fue que Mostaza no tomó medidas que ayudasen a sus franquicias a hacer frente a la crisis económica, y por el contrario, continuó cobrandoles gastos de publicidad y promoviendo promociones que debían ser absorbidas por los franquiciados.

La sentencia, firmada el 16 de diciembre, fue apelada por Mostaza. Ahora, el caso deberá tratarse en segunda instancia: la Cámara Nacional en lo Comercial.