Como se advirtió hace años, la expropiación ilegal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012 no solamente deterioró el funcionamiento del sistema energético nacional, sino que funcionó como una virtual nacionalización de deudas que mantenía la firma, y significó una catarata de denuncias contra la venta forzosa e ilegal.
La maniobra dispuesta por la hoy vicepresidente Cristina Kirchner y el hoy gobernador Axel Kicillof, en su momento presidente y ministro de Economía respectivamente, implicará que el Estado argentino deberá realizar un pago de entre US$ 8.500 y US$ 20.000 millones de dólares, de acuerdo al fallo que salió esta tarde.
La jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, dictó sentencia a favor del fondo Burford, quien compró el juicio en 2014 por US$ 50 millones de dólares a Peterson y Eton Park, a quienes, según la justicia norteamericana, se les quitó su propiedad de manera ilegal.
Bajo el kirchnerismo, el Estado llevó adelante un claro incumplimiento de los términos y condiciones de los derechos contractuales con los que se había comprometido. La medida de expropiación fue adoptada simplemente por cuestiones ideológicas, y una visión compartida por una gran cantidad de diputados y senadores que hoy pertenecen al espacio de Juntos por el Cambio (JxC).
En otras palabras, el fallo de la corte estadounidense reconoce que el Estado argentino no pagó el valor que correspondía abonar por las acciones de YPF al momento de su expropiación, sino que fijó un valor arbitrario por fuera de los parámetros de mercado.
Las acciones del fondo que compró los derechos para litigar contra el Estado argentino se dispararon hasta un 31% en el día de la fecha, este hecho refleja la confianza de los mercados en la firmeza del fallo.
Los títulos de YPF no se vieron afectados por el fallo en la plaza bursátil local, y registraron una ligera alza del 2% después de meses de aumentos consecutivos por mejores perspectivas en la producción petrolera. Sin embargo, sufrieron una caída superior al 6% en la plaza de Wall Street.
La jueza reconoció que la empresa YPF como tal no tuvo responsabilidad en la maniobra que realizó el Estado argentino, y por lo tanto sus activos están libres del riesgo de cualquier acción legal o embargo.
Por el contrario, el fallo reconoció algunos beneficios para la firma petrolera, y le echó toda la culpa al Estado argentino, recayendo el pago de este crimen, en última instancia, a los contribuyentes rehenes que son rehenes de la herencia de Cristina Kirchner.
En medio de una dramática crisis por la escasez de divisas que genera el cepo cambiario, el Estado argentino tendrá la posibilidad de apelar el fallo y postergar las obligaciones financieras que conlleva, pero deberá ofrecer algún tipo de garantía y, por otra parte, el fondo Burford fue facultado para realizar embargos.