El fiscal del juicio de Vialidad contra Cristina Kirchner, Diego Luciani, defendió este lunes las pruebas que presentó en el juicio y sostuvo que su alegato, en el que pidió 12 años de prisión contra la vice, “se sostiene por sí mismo” y agregó que “no hay nada que replicar”. El fiscal habló ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y respondió las recusaciones de los acusados. Luciani rechazó los planteos de nulidad de las defensas, entre ellas la de la vicepresidenta, que apuntaron contra las pruebas y argumentos exhibidos en las nueve jornadas de alegato y el pedido de condena formulado por los acusadores.

Según Luciani, los acusados quieren instalar un “clima de ilegalidad” al cuestionar las pruebas. Entre otras cuestiones, se refirió puntualmente a los mensajes de chat registrados en el celular del ex secretario de Obras Públicas José López, donde se mencionaba a Cristina y a Máximo Kirchner, y que la defensa de le vice buscó cuestionar. El fiscal replicó que “están en el expediente desde 2018.”

El representate del Ministerio Público consideró que los planteos de los abogados defensores y los de Cristina Kirchner “carecen de argumentos jurídicos novedosos”, y que todos los planteos jurídicos sobre las acusaciones y las pruebas del caso “se encuentran respondidos a lo largo de los alegatos de esta fiscalía”.

“Estamos seguros de lo hecho a lo largo de estos tres años. No tenemos nada que contestar por la solidez de nuestros alegatos”, reforzó.

Luciani indicó que no responderá “las valoraciones de tinte político” y sostuvo que las pruebas que exhibió eran firmes. “El alegato se sostiene en sí mismo, se mantiene incólume. Luego de tres años y medio de debate el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver”.

El fiscal agregó que los planteos de las defensas “son superfluos” y añadió que “replicar los planteos sólo alargaría un proceso que debe concluir y debemos darle la máxima celeridad al proceso para que el Tribunal dicte el veredicto que corresponda”.

Incluso, Luciani sostuvo todos los acusados tuvieron el derecho a defenderse. “No se puede decir que los imputados no pudieron defenderse. Hasta último momento ejercieron su derecho de defensa. Incluso aportaron pruebas sin permiso del tribunal”, agregó Luciani.

En cuanto a los planteos de nulidad por la incorporación de prueba nueva -en relación a los mensajes de whatsapp del celular de José López-, el fiscal dijo que “las nulidades planteadas por las defensas de Lázaro Báez son inconsistentes, por eso intenta censurarnos porque sabe que no tienen razón y lo vamos a demostrar”.

Al respecto, indicó que en este proceso “nunca avasalló ninguna garantía propia del proceso penal”. Entonces se ocupó de responder la queja del abogado de Báez, que calificó el accionar de la fiscalía de “alevosa y grosera” al exponer los mensajes del celular del ex secretario de Obras Públicas.

“Estas pruebas se encuentran a disposición de todas las partes desde el año 2018. El defensor tuvo a su alcance la prueba hace más de tres años. Por eso el planteo carece de fundamento”, dijo Luciani en respuesta a Juan Villanueva, defensor del empresario K.

Al continuar con su argumento, precisó que “el 3 de septiembre de 2018, el Tribunal notificó a la defensa de Lázaro Báez a compulsar la prueba” ahora criticada. “Como Ministerio Público Fiscal, ante esa notificación fuimos a la causa autorizada a ver las pruebas con la que nos encontramos y expusimos en este juicio, algo que el abogado de Báez también podría haber hecho”. “Se trata de trabajar por la verdad y es lo que hicimos y vamos a seguir haciendo hasta el final de este juicio”, redondeó Luciani.

El único juicio que la vicepresidenta tiene en desarrollo por presunta corrupción, transita sus horas finales.

Antes de Luciani hablaron los representantes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el organismo del Gobierno que jugó a favor de la vicepresidenta en el último tramo del juicio retirándose de la querella.

Gran parte de los planteos de nulidad con que los imputados intentaron una última jugada para reducir el peso de las pruebas en su contra se concentraron en el uso por parte de la fiscalía de los mensajes registrados en el celular de José López, entregado a la Justicia luego de su detención cuando buscó ocultar bolsos con nueve millones de dólares en junio de 2016.

Entre esos mensajes había detalles de lo que el fiscal denominó el “plan limpiar todo OK”, en base al cual explicó cómo el gobierno de Cristina Kirchner contribuyó al cierre de Austral Construcciones, firma insignia de Lázaro Báez, en diciembre de 2015.