La Cámara en lo Penal Económico apartó este viernes al juez federal de Zárate Adrián González Charvay de la investigación por la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y resolvió que la causa vaya al juzgado porteño a cargo de María Straccia. La decisión representa un revés para la estrategia judicial de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino, que había intentado llevar el expediente a un “juez amigo”.
En un fallo al que accedió Clarín, los jueces de la Sala A de la Cámara, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, resolvieron que el expediente debe volver al Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 10, que actualmente subroga la jueza Straccia.
De esta manera, dejaron sin efecto la decisión que había trasladado la investigación a Zárate y cuestionaron los argumentos utilizados para justificar ese cambio de competencia.
La causa se inició en enero pasado a partir de una denuncia presentada por la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió con el apoyo del legislador Facundo del Gaiso y el dirigente Matías Yofe por la compra de una mansión ubicada en un exclusivo barrio privado de Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares.
El expediente comenzó en el juzgado federal de Daniel Rafecas y luego pasó al fuero Penal Económico, donde intervino Marcelo Aguinsky, quien realizó diversas medidas de prueba en un corto período.
Sin embargo, una presentación de la defensa de Luciano Pantano, señalado como testaferro de Toviggino, derivó en un cambio de competencia. El camarista federal de San Martín Alberto Lugones resolvió, a partir de un planteo enviado por correo electrónico, apartar a Aguinsky y enviar la causa al juzgado federal de Zárate con el argumento de que el inmueble investigado está ubicado en Pilar y que la AFA tiene allí su sede.
En más de cuatro meses, Rodríguez Charvay ordenó una serie de peritajes de larga duración, hizo allanamientos y otras medidas de pruebas sin tomar medidas de fondo, lo que permitió a Tapia y Toviggino llegar al inicio del Mundial de Fútbol sin ser involucrados en esta causa madre.
La Cámara Penal Económico consideró ahora que ese criterio no correspondía. Los jueces señalaron que la sede legal histórica de la AFA continúa ubicada en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires y que los hechos investigados tienen naturaleza económica y financiera, por lo que deben tramitar ante el fuero especializado.
Antes de esta resolución, la Cámara Federal de Casación Penal había determinado que la cuestión de competencia debía ser resuelta por la Cámara en lo Penal Económico, luego de una disputa que había generado un fuerte enfrentamiento entre tribunales.
En su fallo, Hornos y Robiglio destacaron que los fiscales que intervinieron en la causa coincidieron en que la investigación debía permanecer en el fuero porteño porque se trata de presuntas maniobras económicas y financieras, sin intervención de funcionarios públicos.
Maria Straccia, la jueza que se quedó con la causa de la mansión de la AFA. Maria Straccia, la jueza que se quedó con la causa de la mansión de la AFA.
“La competencia especial de excepción por la materia y de naturaleza federal de este fuero en lo Penal Económico determina que corresponde disponer que el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N° 10 continúe conociendo en el expediente”, señalaron los camaristas. El juzgado 10 está vacante y esta semana el Consejo de la Magistratura elevó una terna de candidato al presidente Javier Milei.
Los magistrados explicaron que la investigación está vinculada con operaciones societarias, escrituras realizadas ante escribanos de distintas jurisdicciones, adquisición de inmuebles y transferencias de vehículos, y remarcaron que el lugar donde se encuentra un bien no determina por sí solo la competencia judicial.
En ese sentido, recordaron que la sociedad Real Central SRL —continuadora de Central Park Drinks SRL— ttenía su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. En esta última empresa figuran como titulares Luciano Pantano y su madre jubilada.
“Más allá del lugar en el que pueda tener asiento alguna de las exteriorizaciones materiales derivadas del accionar investigado, lo relevante para determinar la competencia territorial es el lugar donde se habría llevado adelante la maniobra”, sostuvieron.
La Cámara también rechazó el argumento de que la ubicación de la mansión en Pilar justificara la intervención del juzgado federal de Zárate-Campana. Según el fallo, la operación de compra del inmueble se habría concretado en una escribanía ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no existían razones para desplazar la causa.
Los camaristas agregaron que tampoco existían motivos de economía procesal para mantener el expediente en Zárate, ya que la investigación se encuentra en una etapa inicial y no tuvo allí un avance significativo con, por ejemplo, llamados a indagatoria.
“Lejos se encuentra de verificarse un avance trascendente del proceso, encontrándose la investigación en un estado embrionario de reunión de pruebas”, indicaron.
En esa línea, destacaron que el juez Aguinsky había impulsado medidas de prueba mientras tuvo intervención en el expediente, hasta que fue apartado por la resolución que ahora quedó sin efecto.
La Cámara señaló además que, hasta el momento, no hubo avances procesales contra ninguno de los investigados: no se convocó a declaración indagatoria ni se dictaron procesamientos, sobreseimientos o faltas de mérito respecto de Pantano, Toviggino, el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia u otros involucrados.
Las distintas maniobras que giran alrededor del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y Pablo Toviggino, están siendo investigadas en varias causas, además de la principal es la de la mansión de Pilar.
La causa por la retención ilegal de impuestos la tiene el juez en lo penal económico Diego Amarante quien procesó a Tapia y Toviggino, entre otros, donde están ambos dirigentes procesados, embargados y con prohibición de salir del país..
El caso de las operaciones por 100 millones de dólares con el dólar blue la tiene el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich.
Las maniobras financieras de Sur Finanzas de Maxi Vallejo, amigo de Tapia, la tiene el juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona.
Y la denuncia del empresario Guillermo Tofoni por desvío con los 400 millones de dólares que recaudó TourProdEnter, la Corte decidirá quién la investiga.
La del fiscal Pedro Simón es la sexta y es donde se pidió la detención de Toviggino por lavado de dinero. Pero la Cámara Federal de Tucumán, tras un escándalo, la mandó a Zárate y ahora se sumará a la de la jueza Straccia.
Hay una séptima que es por lavado y también tiene el juez Amarante, mientras tres fiscales de Estados Unidos tienen una investigación preliminar, no una causa judicial, por los movimientos soepechosos de TourProdEnter en territorio norteamericano.
