Tras los 15 días de tregua por la conciliación obligatoria, las negociaciones entre Walmart y el gremio de Camioneros continúan trabadas y el conflicto se agrava. Este lunes, la compañía que ahora pertenece a Francisco De Narváez y el sindicato de Hugo Moyano no acercaron posiciones y si bien el Ministerio de Trabajo extendió la conciliación obligatoria una semana más, en ambas partes descartan la posibilidad de un acuerdo.
La pelea entre Camioneros y Walmart se viene desarrollando en el único Centro de Distribución de la localidad bonaerense de Moreno, desde el cual la cadena abastece a sus 92 sucursales. El sindicato reclama que indemnicen y retomen con la misma antigüedad a 500 afiliados por el cambio de dueño, algo a lo que Walmart se opone al considerar que no hay ningún marco legal que justifique esa práctica.
Impulsada por el Gobierno, la última audiencia fue tan breve como frustrante. Pablo Moyano encabezó la delegación gremial y Federico Erhart lo hizo en nombre de la compañía. “Por ahora, los dos sectores se mantienen firmes: Camioneros exige la indemnización y la empresa lo rechaza”, explicaron fuentes oficiales.
“El Ministerio nos propuso una prórroga para seguir conversando en la búsqueda de una solución”, indicaron desde Walmart. La venta de la cadena, la 4° más importante del país, es el argumento que esgrime Camioneros para sostener sus reclamos. “Desde el año 97 tenemos esta conquista y todos pagaron y el único vivo es De Narváez”, sostuvo Moyano.
El conflicto en Walmart remite al “caso Manliba” y se la conoce como la “Ley Moyano”, algo no contemplado en la legislación pero que Camioneros considera un derecho adquirido y que reclama en casos similares. Al vencer la concesión de la empresa recolectora de residuos (del grupo Socma de la familia Macri), Moyano pactó el pago de los despidos y la conservación de sus puestos en las sucesivas renovaciones de los contratos de concesión, algo que luego convalidó Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno porteño. La fórmula se replicó con empresas de logística, correos y aguas gaseosas, entre otras.
El propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, respaldó a la empresa. Hace unos días, al explicar los alcances de la conciliación obligatoria, sostuvo que Camioneros “reclama un nuevo derecho”, pero recalcó que no hay legislación que los avale. “No hay una norma que obligue a la empresa. Hay un reclamo del pago de unas compensaciones que no entendemos cuál es el origen”, indicó.