El gobierno avanzó con la expulsión de Pablo Biró, el líder del sindicato APLA que nuclea a los pilotos, durante la jornada de este miércoles y en el marco de la asamblea que se llevará a cabo para tratar el futuro de Aerolíneas Argentinas. Al mismo tiempo, la cartera de Transporte anticipó que promoverá causas judiciales contra el mismo Biró por presuntas amenazas extorsivas en el marco de los reclamos salariales.

Por el lado del gremialismo, se expuso que las organizaciones activarían nuevas medidas de fuerza si se profundiza la ofensiva judicial contra el dirigente. El presidente Javier Milei reconoció que entregaría el control de la aérea a sus empleados si no se logra la privatización de la línea de bandera.

El titular de Transporte, Franco Mogetta, reconoció que la expulsión de Biró “es una decisión tomada”, y sostuvo que los reclamos salariales del dirigente gremial sólo se ajustan a “la defensa de intereses personales”.

El funcionario anticipó recientemente que el oficialismo también buscará la quita de la personería a aquellos sindicatos aeronáuticos que promuevan medidas de fuerza.

“Lo que se está sintiendo con muchísima fuerza es la muerte de la casta, una de las más rancias, la casta del sistema aeronáutico, están desesperados por los privilegios que venimos a quitarles y justamente fue para eso que la gente votó al presidente Milei”, afirmó.

Al mismo tiempo, el Gobierno acentuará las acciones judiciales contra Biró por presuntas amenazas extorsivas. El dirigente ya carga con una denuncia promovida durante la segunda semana de septiembre por el Ministerio de Seguridad.

Dicha acción fue presentada a poco de que Biró anticipara que los sindicatos recrudecerían los paros luego de que el Gobierno declarara actividad esencial al funcionamiento del sistema aerocomercial civil.

En simultáneo a la situación del líder sindical, el tratamiento de la eventual privatización de la compañía en el Congreso sigue sin contar con una fecha específica. Más allá del decreto promovido por el Ejecutivo nacional, lo cierto es que dicho proceso corresponde sea evaluado por la Comisión Bicameral Especial de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.

Sin embargo, la comisión a cargo aún no ha sido definida. Y los libertarios aún deben cerrar los acuerdos necesarios para avanzar con la privatización. Desde el radicalismo ya se expuso que no habrá apoyo a una venta sin condiciones de la línea de bandera.

“Existen una serie de circunstancias, que tienen que ver con destinos emergentes y la conectividad de las provincias, que hay que tener en cuenta si se quiere hacer una venta inteligente”, declaró al respecto Fabio Quetglas, diputado nacional por la UCR.

Por su parte, el senador nacional por la misma fuerza, Pablo Blanco, también se pronunció en contra de la privatización alegando que el ingreso de un privado afectará gravemente la conectividad de Tierra del Fuego y otras provincias patagónicas.

Blanco sostiene que la privatización “será bloqueada en el Senado”, en tanto un recuento previo “muestra entre 42 y 44 voluntades contrarias a la privatización de Aerolíneas”.

Por su parte, el presidente Javier Milei abrió la puerta a entregar Aerolíneas Argentinas a los empleados en caso de no poder avanzar con el actual proceso de privatización de la compañía, que se inició el pasado septiembre.

“Si no podemos privatizarla, estamos dispuestos a entregar Aerolíneas Argentinas a los empleados”, declaró en las últimas horas. “Frente a la bestialidad tomamos un proyecto de Juntos por el Cambio, adherimos y estamos proponiendo privatizar. Si no se puede estamos dispuestos a entregársela a los empleados”, remarcó.

El Presidente reconoció que “varias empresas manifestaron su interés de quedarse con la empresa, se está trabajando en eso”, y que el oficialismo llevó a cabo “reuniones con cinco líneas aéreas” a las que se les ofreció el control de Aerolíneas Argentinas. De ese pelotón, la colombiana Avianca aparece a la cabeza de las firmas con más posibilidades de quedarse con la línea de bandera.