del sinsentido, confusión de batallas, inclusive de guerras. Basta ver el último episodio del gobierno al liberalizar las importaciones de alimentos, observado como un castigo a los productores locales que aumentaron los precios por exceso de precaución futura. O simple voracidad especulativa. A esas compañías parecen aplicarle ahora la misma libertad con la que ellas procedían en materia de precios (¿le tocará a los laboratorios un golpe similar?).
Al mismo tiempo, la decisión es una tentativa para prevenir el índice inflacionario de marzo, cuya alza en la primera semana —según algunos especialistas— parece inquietar a las autoridades. Justo cuando Javier Milei se alegraba por el “numerazo” de febrero (13,2%) que lo habilitó para felicitar al ministro Luis Caputo por su logro. Una forma de felicitarse a sí mismo, claro.
La apertura importadora, vista como un lonjazo a los fabricantes locales, se conoció después de una conflictiva reunión del ministro de Economía con la logia industrial, encuentro semejante a los que protagonizaba Sergio Massa en el anterior gobierno (por no hablar de Guillermo Moreno). Áspero cruce en el que Caputo alegó que le habían confesado intentos especuladores por parte de las compañías. Los interlocutores luego lo negaron, pero el ministro insistió, consumó el mandoble y, a los supermercadistas (otra secta mucho más reducida) les pidió que no validaran aumentos de los proveedores. Y les obsequió de premio la posibilidad de que amplíen recursos y ganancias con la libre importación de alimentos. La historia no acaba.
Primera consecuencia: convocatoria hace 48 horas de la Unión Industrial Argentina. Allí, los participantes admitieron inquietud creciente y no solo por la libre importación de alimentos: están vociferantes por la parálisis económica, la caída del consumo y otras complicaciones. Ahora piden de todo. Como ocurre siempre, se produjeron discusiones internas y un representante del sector maderero se despachó contra Daniel Funes de Rioja imputándole conformismo con todos los gobiernos y cierta complicidad con Milei por distraer a la UIA del infierno recesivo, asociado en esa diplomacia complaciente a las grandes compañías de la entidad que temen retaliación oficial si se salen del molde (al tiempo que proveen de consultores a la Administración).
Fue tan brutal la crítica al titular de la entidad, las denuncias de su vinculación societaria en el estudio jurídico Brochou y la inspiración para promover ciertas medidas en la fracasada y mal llamada Ley Ómnibus, que después hubo un concierto de reprobaciones a esa andanada: se objetaron las “formas” empleadas por el acusador más que su contenido. Hasta un histórico del sector maderero, Pedro Reyna, se disculpó por el exceso en las manifestaciones de un integrante de su rubro.
Para el periodismo revoltoso quedan por difundirse las frases violentas de una Pyme contra un Funes que también representa al sector alimenticio (Copal), el que podría ser afectado por la liberación de Caputo aunque con dudosa garantía de competencia. La caída de ventas, la recesión y el estancamiento, entonces superaron como debate al presunto drama empresario por una apertura parcial decretada por Milei.
Nadie tiembla en rigor por esta novedad, la de convertir en rivales imaginarios a productores e importadores —siempre son los mismos en el negocio, solo cambian de camiseta— quienes ya reconocen experiencia con el tema en el pasado y el mínimo resultado que más tarde se observó en las góndolas: los que traen productos del exterior suelen venderlos al mismo precio que los locales.
No entrará en aprietos Arcor, tampoco Molinos, más bien se piensa que la añosa apertura de Martínez de Hoz en aquellos tiempos solo causó gran impacto en el sector automotriz al despedirse la primera multinacional del mundo de la Argentina, General Motors. Como se sabe, con los años volvió al país.
Extraño que la UIA no se interesara por el nuevo plan económico que ha anunciado Caputo (¡como si hoy existiera un programa de estabilización!), en pacto con el Fondo Monetario Internacional que facilitaría una remesa especial de 15 mil millones de dólares, casi imprescindibles para la fortaleza de Milei y la confianza posterior del organismo para recuperar su dinero.
Se desconocen las condicionalidades, aunque el FMI demanda más flexibilidad: correcciones en el ahogo a los jubilados, mejor disposición para las paritarias en el sector privado —curiosa la tempranera elasticidad de Hugo Moyano para evitar disputas con la patronal y celebrar convenio— y una mayor ejecutividad en determinadas reformas, la laboral, provisional e impositiva. También la CGT se suma, siempre que haya consenso. Aunque, como se sabe, si hay consenso no hay cambio.
En alguna medida, el gobierno ensaya una nueva versión de sus propuestas al disminuir en más de 400 los proyectos de la Ley Bases al tiempo que consume alianzas para la aprobación: el rebelde gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ya colaboró hace pocas horas para que no funcionara Diputados como deseaba el Presidente y, como el panorama se le despejó hacia el futuro, se va a los Estados Unidos —junto a otros políticos— para un ejercicio de conocimiento e intercambio con factores de poder. Pagado por una ONG, y no por la provincia.
Junto a estos flirteos se descubre que buena parte del radicalismo se dispone también a acompañar el mismo proyecto de connotación alberdiana (en el título por lo menos), seguramente endulzados por negociaciones de los gobernadores partidarios. Es que ahora hay más azúcar que látigos en el domador para ganarse la confianza de los leones, un secreto que debió aprender cuando antes parecía el único rey de la selva. Los edulcorados consejos del FMI también ayudan en esa conspiración por un gran acuerdo. Habrá que ver, sin embargo, si el castillo no se derrumba por el rechazo del DNU en el Senado.
(Perfil)
