Hay un peronismo privado y otro oficialista. Uno, calló la boca para siempre cuando los militares vetaron y encarcelaron a Isabelita durante un lustro por no haber declarado la compra de 250 gramos de jamón crudo. Ni una queja, silencio escandaloso en casi 40 años sobre la suerte de esa mujer. Se la olvidaron sin culpa en el ropero a la compañera y viuda del general Perón: no era Evita, pero vivía con él, lo cuidó.

En cambio, el otro peronismo que mejora su vida gracias al presupuesto del Estado, promete sublevarse y revolucionar la Plaza de Mayo a favor de Cristina Fernández de Kirchner, en protesta por una acusación a la dama de la Fiscalía por un fraude de mil millones de dólares en la concesión de obra pública en Santa Cruz. Gobernadores, intendentes, legisladores, sindicalistas y grupos sociales en el poder prometen alistarse el 17 de octubre, siguiendo las instrucciones de Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio, para reivindicar a la Vice de la dolosa imputación y con la consigna “si la tocan a Cristina, qué quilombo que se va a armar”. Como si también estuvieran en riesgo sus preciadas vísceras.

La unidad por el acto parece ortopédica: la Vice se volvió repentinamente peronista y los peronistas parecen alinearse con fracciones que ni siquiera consideraban perteneciente al movimiento, tipo La Cámpora. Se trata de un ejercicio de supervivencia mutuo. Insólito, además, ya que coincide con las consecuencias técnicas del ajuste económico que ha emprendido Sergio Massa como ministro, recorriendo el decálogo clásico del Fondo Monetario Internacional. Parece notable que los extremistas de la revolución ahora se cobijen en medidas de corte fiscalista y ordenamiento presupuestario.

Cristina apoya a Massa, su hijo Máximo guarda prudencia desde que renunció a la titularidad del bloque en la Cámara de Diputados. Allí marcó una diferencia con su madre: dijo que él nunca le hubiera confiado la Presidencia de la Nación a Alberto Fernández. Con el mandatario, en rigor, ella también mantiene reservas: piensa que no hizo nada por salvarla del calvario judicial sino que hasta empieza a sospechar que provocó esa situación. A ver si lo del 17 en lugar de favorecer a Cristina le daña la política económica a Massa.

Aunque van a estar todos juntos en la defensa tribunalicia de la Vice y observando la posibilidad de echarle la culpa al muerto, una salida que puede afectar la memoria de Néstor: ella ya lo expuso en su diatriba contra los jueces (por la sospecha de un convenio espurio con Clarín). Sería gracioso que el final de este proceso judicial culmine con la bajada de cuadros de finado Néstor, la supresión de su nombre en calles, avenidas, monumentos y obras públicas.

Inescrutable lo político. En cambio, otras aproximaciones en lo judicial. Primero, la defensoría habrá de rechazar la calificación de “jefa de una asociación ilícita” a Cristina ya que —según la excusa— ella no fue la organizadora y, si heredo una trama mafiosa, tampoco tenía obligación de denunciarla por la participación de su marido en esa intriga: está aceptado que la familia es superior al interés público y que, en todo caso, el eventual incumplimiento de los deberes de funcionario obedecen más a su situación familiar contemplada en el nepotismo que caracteriza al código. Habrá de rechazar también que ella recibió beneficios como sucesora de esa banda. Los jueces, quizás, pueden interpretar que ella cometió omisiones, pero no acciones. Y eso la libera en más de un sentido.

Parece protegida por el “no pudo, no quiso o no supo” como definió un radical sin darse cuenta que la estaba exculpando con esa definición y que, a pesar de que el ejemplo sea detestable, ella viene a constituirse como la esposa de Escobar Gaviria, una rara inocente. El propio Miguel Pichetto, arrancando listones de ira en la coalición opositora, ya planteó la dificultad para probar la jefatura de la banda. Por otra parte, eso de “echarle la culpa al muerto” suele ser una tradición en política o en la clandestinidad: sea para convertir alguien en héroe por actos que no cometió y que podrían ser enjuiciables o para endosarle culpabilidades que tampoco tuvo. Derivaciones de la muerte en la Justicia.

El promovido slogan del fiscal Luciani, “Corrupción o Justicia”, se vuelve sensiblero y binario políticamente. Demasiado cerrado. Hay muchas alternativas en el Derecho para este tipo de causas y seguramente el proceso despertará curiosidades de interés profesional, para corazones abiertos que no abundan. Un ejemplo a simple vista de esta complejidad es la discusión por las competencias: si se prueba el delito de ella y De Vido en la obra pública, parece absurdo que no sean participes otros funcionarios del gobierno, los ministros provinciales. Corresponde, en apariencia, trasladar el juicio al ámbito distrital y, más tarde, saltar a la Corte Suprema (algo parecido al atentado contra la Amia), sin participación de otros tribunales.

Del mismo modo que parece débil el argumento de la Fiscalía por saltearse responsabilidades de la jefatura de Gabinete como natural responsable de los actos y trasladarle esa única tarea al ministerio a cargo (Julio De Vido) y a la Presidencia de la Nación. Es obvio que el control presupuestario, el cambio de partidas, la aprobación de certificados —entre otras decisiones— pasaron por la jefatura, sean Alberto Fernández, Sergio Massa o arrepentidos como Abal Medina por recibir dádivas. Clarísima esta concurrencia, quizás más comprobable al justificativo que puede enarbolar De Vido: a mí no me reportaban el condenado corrupto Jaime en Transporte y, mucho menos, José López. Aunque sea cierta esa confesión, sería parte de “echarle la culpa al muerto”.

“Me siento una boluda”, confesó Cristina cuando se enteró de las imputaciones de los fiscales y, como devolución, reveló que muchas de las anomalías o delitos también implicaban a la Administración de Macri. No soy la única en el lodo, advirtió en su mensaje discepoleano. Un olvido sintomático, para ella, de Luciani y Mola en sus denuncias, como si protegieran a figuras de la oposición y solo se consagraran a imputar kirchneristas. No debiera ignorar que esos aludidos son parte de otras causas, es infinito el sistema corrupto de las licitaciones y concesiones del Estado.

Ha empezado el rebote de culpas que, naturalmente, afectan a una sucesión de empresarios, de la habitual depravación de la CAC a los tentaculares negocios del Gutiérrez del Grupo Farallón, el que se visitaba con su apreciado José López de los bolsos —al que Cristina consideró públicamente como entrenado y querido como un hijo suyo, con 40 años a la vera de los Kirchner— o al “hermano del alma” de Mauricio Macri, Nicolás Caputo, ambos asociados hasta por el vínculo de sus padres como mecenas del colegio al que mandaban a sus hijos. Hoy ambos parecen distanciados y Caputo más cerca de las provisiones a Horacio Rodríguez Larreta, al que sorpresivamente cuestionó el socio del Pro y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por presunta inmoralidad en la hechura del Paseo del Bajo en la Capital Federal. Hubo poca atención a ese juicio condenatorio, más aliento en cambio a expresiones dolidas como la de Jorge Macri, alarmado por la ola de sobornos en el gobierno anterior mientras algunos peronistas empiezan a ponerle la lupa a ciertas obras que realizó en Vicente López. Como dice un amante del lunfardo, llegó la hora de la “taquería”. Huele mal la Argentina. Hace tiempo.