La cadena de electrodomésticos #Garbarino envió este viernes 1.800 telegramas de despido a sus empleados en el marco de un plan de cierre definitivo de sus 105 locales de todo el país.

No obstante, tras un pedido de la Federación de Empleados de Comercio el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días.

La resolución oficial obliga a ambas partes a poner la situación en suspenso. Por las próximas dos semanas, el gremio deberá abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza u otra acción directa. Garbarino deberá dejar sin efecto las desvinculaciones durante ese plazo.

La situación de la cadena es crítica; “dramática”, según los empleados. La cadena paso hace más de un año a manos del empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof, actual dirigente de San Lorenzo y ex funcionario bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, quien se quedó con la empresa de la tradicional familia que le dio nombre a la compañía.

Rosales compró el holding en junio del 2020, es decir cuando la pandemia y la cuarentena ponía en jaque el futuro de la compañía. Sin embargo, antes de fin de año ya cerraba locales y amenazaba con despidos. Hace ocho meses que los cerca de 3.800 empleados de la empresa no están cobrando sus salarios y reciben la ayuda del Estado. Esto incluye a los trabajadores de todo del grupo: Garbarino, Garbarino Viajes, Compumundo, la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego.

El dueño del holding y de Radio Continental está desaparecido en acción. Y recién el mes pasado el Gobierno empezó a intervenir. El propio Presidente, Alberto Fernández, y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, recibieron a una delegación de Empleados de Comercio, y se comprometieron a «no abandonarlos». Esto no frenó la crisis del sector, pero al menos abrió un paraídas.

“Hoy hubo una lluvia de telegramas para todos lados, desde la mañana no paran de llegar. Es ilegal lo que están haciendo. Ayer estuvimos con el ministro Matías Kulfas y esto ya pasó con los compañeros de Compumundo. El Gobierno concuerda que esto es ilegal y ya pedimos la conciliación y la intervención de Trabajo. La situación está muy complicada con Rosales, el dueño de la empresa, que la quiere reflotar con argumentos irrisorios. Él nunca habló con los trabajadores, dijo que iba a mantener todo y no tuvimos más certezas. La compró y luego nos enteramos de que quiere que sea una especie de Mercado Libre”, contó este viernes Érica Salazar, delegada del Sindicato de Comercio de la Zona Oeste (SEOCA) y de la sucursal Garbarino ubicada en el shopping Plaza Oeste de Morón. Ella misma fue la que pisó la Casa Rosada y comunicó el diálogo directo con el Presidente.

“No sabemos si nos van a echar a todos o no habiendo un DNU que los prohíbe. A mí no me llegó nada, pero sí a muchísimos compañeros. No hay certeza de nada. Nos deben ocho meses de sueldos, además”, destacó la delegada.

En medio de la crisis, la empresa reconoció los despidos, le echó la culpa de su crisis a la pandemia y al Gobierno, que aseguran no los apoyó. “La idea es quedarnos con la continuidad de personas que permitan que el negocio funcione. No nos queda otra alternativa que hacer lo que estamos haciendo”, le dijeron voceros de la compañía al portal de Infobae, aunque por otro lado confirmaron el número de telegramas enviados. Aeguran que no tiene definido todavía cuál será ese número final de empleados que van a mantener.

En principio, mantendrían entre 10 y 15 locales en todo el país. “Lo que pasa no es una situación agradable, pero le pedimos ayuda al Gobierno, a todos, y nunca nos asistieron, más allá del Repro. No les interesó Garbarino. A Kulfas, por ejemplo. No nos dieron el proceso preventivo de crisis y tuvimos posibles inversores que se retiraron mágicamente”, destacaron en el entorno de Rosales. Las críticas a los ministros también llegan desde el gremio.

Luego del pedido de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) llegó la conciliación de Trabajo. En su resolución, la cartera a cargo de Claudio Moroni, intimó a la empresa a “en caso de haber efectuado los despidos denunciados, retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, dejando sin efecto los despidos producidos por el plazo que dure el presente procedimiento conciliatorio, otorgando tareas en forma normal y habitual a todo su personal, como así también abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal”.