Una delegación integrada por industriales y por funcionarios cordobeses viajará este jueves a Buenos Aires para intentar obtener algunas definiciones del Gobierno nacional sobre lo que viene en materia de acceso a divisas para pagar insumos y bienes importados, en el marco de una situación que genera zozobra en determinados sectores productivos.

Parte de ese estado de ánimo, de angustia y desazón, quedó expresado el jueves en una carta que la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) le envió al secretario de Industria y Desarrollo Productivo puesto por el “superministro” Sergio Massa: José Ignacio De Mendiguren.

La frase escrita por la institución frente a la prórroga por tres meses más al cepo vigente en el dólar oficial fue suficientemente descriptiva: “Nos encontramos agotados, tanto en ánimo como en recursos y alternativas para aplicar, siempre con el foco en mantener en funcionamiento la producción”, le expresan ahí al “Vasco”, como se lo conoce al secretario.

La misiva, que hasta ahora no ha tenido respuesta, explica que la disposición de extender hasta fin de año lo reglado en la comunicación A7532 del Banco Central “profundiza el daño a nuestra industria, que se ve imposibilitada de pagar a los proveedores del exterior”, con el impacto que ello tiene en la provisión de insumos y de componentes para producir partes y piezas.

Esos contratos, como se conoce, no sólo alcanzan a las empresas que proveen a la industria automotriz –en particular, la instalada en Córdoba–, sino también al sector de la maquinaria agrícola, clave en el actual momento que atraviesa el campo, con el acceso a más fondos a través de la liquidación de soja a un dólar de 200 pesos.

“La realidad es que todas las empresas están con problemas; y todas se sitúan en el border line, zafan como pueden, pero la situación más seria es esta prórroga que no esperábamos”, comenta Ramón Ramírez, titular de la comisión autopartista de la CIMCC.

Como todo está vinculado, a esa problemática convergió la suba de la tasa de referencia que colocó los intereses para cualquier operación crediticia por encima del 107% real.

“Es un ancla muy pesada, tanto para tomar crédito como para vender a plazo. Me parece que la actividad va a caer y los precios van a subir, a esto ya lo vimos durante el gobierno anterior”, explicó Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba.

La fuerte inquietud industrial viene por el lado de las medidas económicas y la carencia de dólares, pero también por la falta de cumplimiento de las promesas realizadas apenas unos meses atrás por el propio Gobierno y que terminan por afectar la confianza.

Esa pérdida de confianza, exponen en las empresas, no es sólo hacia el Gobierno nacional, dado que todo lo que diga hoy puede cambiar mañana, sino también para con las propias empresas argentinas por parte de sus proveedores.

“En junio, les dijimos que las restricciones iban a terminar en septiembre; algunos consiguieron que les financiaran compras en el exterior a 180 días, ahora tenemos que decirles que recién en diciembre ocurrirá eso, cuando, en verdad, no sabemos si será así”, se quejó un industrial cordobés que tiene proveedores brasileños.

En el caso del autopartismo, la saga de promesas incumplidas incluye más capítulos. Hace 15 días, en una reunión sostenida en la planta de Toyota, en Zárate, donde había cordobeses, Massa prometió darles unos 400 millones de dólares “en tres o en cuatro meses” al sector automotriz y a su cadena.

No solamente que no apareció un dólar nuevo, sino que el Banco Central respondió con la extensión del cepo, un golpe letal a las expectativas. Como una ironía del destino, el viernes se promulgó el nuevo régimen automotor que elimina las retenciones para las exportaciones incrementales.

“Hoy, dólares para hacerlo no hay. En 90 días más, las terminales se van a ir quedando sin cupo para pagar importaciones, no hay más crédito, y nunca sabrás cuál será el costo final que vas a pagar por un insumo, porque estamos haciendo cualquier cosa para cumplir los contratos con los clientes (las terminales), que siguen pagando a dólar Mulc”, puntualizan en la industria, es decir, a 149 pesos.

El cuadro de desesperación tras la comunicación A7532 llegó también al despacho del ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, quien se sumó al pedido de una reunión presencial con De Mendiguren.

“Esta próxima semana, estaremos recibiendo a las cámaras y, por supuesto, acompañando la solicitud y el requerimiento ante la Nación”, señaló el funcionario a La Voz.

En verdad, la Provincia no alberga demasiadas expectativas con la reunión. La razón es fácil de comprender y difícil de resolver.

Las gestiones anteriores a este cuello de botella estaban, en general, relacionadas con rechazos o con demoras a las declaraciones juradas de importación (Simi). Esas trabas, en general, permitían algún tipo de intermediación para pedir excepciones en función de la gravedad de la situación de la empresa o el sector involucrado.

Pero conseguir dólares para importar es algo totalmente diferente. La resolución ni siquiera pasa por un ministerio ni por la voluntad de un funcionario, sino que se trata de una problemática estructural.

“La tensión cambiaria sigue sin solucionarse, a las quejas las seguimos recibiendo en la UIC, en particular, del autopartismo y la maquinaria agrícola. En otros rubros, el acceso a insumos importados es cada vez menor. En mi propia actividad, conseguir motores, reductores, es muy difícil porque la oferta se achica”, reconoció Uribarren.

El blanqueo de “dólar colchón” propuesto en el presupuesto 2023, para que las empresas puedan pagar con sus propios dólares, ¿ayudará a transitar el momento? “Pensar que alguien va a entregar el ahorro que pueda tener al tipo de cambio oficial para seguir trabajando habla de cierto desconocimiento sobre cómo funciona la economía”, vaticinó un consultor apenas fue conocida esa polémica novedad.